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El PSOE exige al Gobierno regional que no juegue por la puerta trasera y defienda con firmeza la constitucionalidad de la ley de vivienda regional

El viceportavoz del Grupo Parlamentario, Joaquín López Pagán, pide al PP que no use al gobierno de Rajoy como cómplice para torpedear una reforma de la Ley de vivienda regional que atienda las peticiones de la PAH Región de Murcia facilita soluciones al drama que viven miles de personas y familias en la región
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El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Joaquín López Pagán, ha exigido al Gobierno regional que defienda con firmeza la constitucionalidad de la Ley de vivienda regional aprobada por la Asamblea Regional, que previene los desahucios y los cortes de suministros básicos como la luz y el agua, una reforma que atienda las peticiones de la Plataforma Anti Desahucio (PAH) de la Región de Murcia facilita soluciones al drama que viven miles de personas y familias en nuestra tierra.

López Pagán ha asegurado que esta petición se lleva a cabo ante la confirmación por parte de la Consejería de Fomento, a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, de que “se ha dado inicio a los trámites por parte de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la revisión la constitucionalidad de la ley de vivienda regional a instancia de dos ministerios del gobierno de Rajoy”.

El viceportavoz socialista ha pedido al Gobierno Regional que “no juegue por la puerta trasera que le ofrece el gobierno nacional de su mismo partido para intentar torpedear la vigencia de la reforma de la ley de vivienda aprobada por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea Regional, pues con esa actitud se estaría tratando de deslegitimar la decisión del parlamento regional a la que siempre se opuso el Partido Popular en la Región de Murcia”.

El diputado Joaquín López ha recordado al Ejecutivo autonómico  que la reforma debatida en la Cámara regional de esa ley de vivienda “fue objeto de al menos dos informes jurídicos que aconsejaron a los grupos parlamentarios la rectificación de algunos preceptos que podrían invadir competencias estatales, cuestiones estas que fueron recogidas en el texto final aprobado por lo que el mismo es plenamente constitucional”.