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El PSOE insiste en que el Gobierno regional se está vendiendo a la ultraderecha en materia educativa

Antonio Espín asegura que el Gobierno regional ya ha vendido a Vox sus políticas educativas como recompensa por su apoyo a la investidura. “Ahora lo vuelven a hacer y usan el pin parental como moneda de cambio para aprobar los presupuestos, pretendiendo limitar la libertad del sistema educativo, el pensamiento crítico y el respeto a la diversidad, atacando directamente a los colectivos LGTBI”
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El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio José Espín ha insistido en que el Gobierno regional se está vendiendo a la ultraderecha en materia educativa, al usar el pin parental como moneda de cambio para aprobar los presupuestos regionales, y ha recordado que la Región de Murcia es la única comunidad autónoma de toda España que está cediendo ante esta medida, que pretende limitar la libertad del sistema educativo.

“Esperamos también la negativa de Ciudadanos a ceder ante esta medida. Hasta el momento, Ciudadanos no ha dado muestra de valentía en la defensa de los intereses educativos de la Región de Murcia”, ha indicado.

Ha recordado que el “pin parental” establece que los colegios e institutos de la Región estén obligados a informar y conseguir la aprobación de los padres del alumnado para que los hijos reciban formación extraescolar en cualquier ámbito educativo, “algo que es inadmisible porque limita también el pensamiento crítico y el respeto a la diversidad, atacando directamente a los colectivos LGTBI”. 

El Grupo Parlamentario Socialista ya presentó en la Asamblea Regional una moción para la retirada inmediata de las instrucciones de inicio de curso que obligan a las familias a decidir si sus hijos asisten o no a actividades escolares complementarias, “o lo que es lo mismo, la retirada del pin parental”, que no salió adelante por los votos en contra de PP y Vox y la abstención de Ciudadanos.

Antonio Espín ha asegurado que el PSOE ha mostrado desde el principio su postura totalmente contraria a esta medida que contraviene las normas y leyes educativas, ataca a la autonomía de los centros y a la autonomía de cátedra del profesorado, e incumple la Constitución, que establece que todos los niños deben recibir una formación integral basada en los valores y principios constitucionales, como el respeto a la diversidad y la igualdad de trato.