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El PSRM celebra que el veto parental haya quedado fuera de las instrucciones de inicio de curso

Antonio Espín señala que la presión social contra el veto parental, que quedó suspendido cautelarmente por el TSJ el pasado marzo, ha dado sus frutos y no tendrá cabida en las aulas de la Región en el próximo curso
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El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Espín ha celebrado que la presión ejercida por docentes, familias, sindicatos, organizaciones y colectivos sociales, así como el PSRM, haya surtido efecto y el veto parental haya quedado fuera de las instrucciones de inicio de curso para las diferentes etapas educativas en la Región.

“Esperamos que el Gobierno regional haya abandonado la idea de modificar los decretos de currículo, con lo que pretendía afianzar la medida, y haya decidido anteponer el interés general y los derechos y libertades del alumnado, a las exigencias de la ultraderecha, sus socios en la sombra. En el PSOE estaremos atentos, siguiendo con detenimiento los pasos que puedan darse en este sentido”, ha indicado.

Antonio Espín ha recordado que el PSRM denunció durante meses la ilegalidad de la censura educativa que la Consejería instaló en las aulas el pasado curso. “Ya lo hicimos en mayo de 2018, cuando el Gobierno regional intentó censurar las actividades complementarias que se desarrollaban en los centros para promocionar el respeto a la diversidad afectivo sexual, pero, sobre todo, desde que se publicaron las instrucciones en las que se ampliaba esta posibilidad de veto a todas las actividades complementarias”.

“Desde entonces, hasta que el TSJ lo tumbó de manera cautelar el pasado marzo, hemos denunciado públicamente y a través de iniciativas en la Asamblea Regional la ilegalidad de esta medida”, ha añadido el diputado socialista.

En este sentido, ha destacado que la Sala del Contencioso-Administrativo consideraba en su informe que la resolución que establecía el veto parental suponía un perjuicio identificable por la posibilidad de que el alumnado no pudiera realizar actividades obligatorias y evaluables, si no eran autorizadas por sus progenitores. 

“Además, entendía que la medida cautelar de suspensión no suponía privar a los padres de su derecho a intervenir en la educación de sus hijos, derecho establecido legalmente”, tal como defendía el Gobierno regional, e insistía en que “existen mecanismos suficientes, en principio, para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad”.