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Los sindicatos de Función Pública apoyan la Proposición de Ley del PSOE para la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad

El portavoz Joaquín López Pagán exige al Gobierno regional que amplíe la cobertura para que estos permisos sean de 20 semanas en tres años
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El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán, junto al diputado Emilio Ivars y la vicesecretaria general del PSRM y secretaria de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas, Gloria Alarcón, se han reunido esta mañana con las principales organizaciones sindicales de la Función Pública (UGT, CCOO, Sindicato Médico, CSIF y AMPE),  para darles a conocer la Proposición de Ley que ha presentado el PSOE en la Asamblea Regional sobre la ampliación de los permisos de paternidad y parto de los empleados públicos. 

López Pagán agradeció la buena acogida y el apoyo que ha tenido esta iniciativa entre los sindicatos y explicó que su principal objetivo es “la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como para facilitar el acceso de la mujer al mercado laboral”. 

Esta medida afectará solo a los trabajadores y trabajadoras de la Función Pública, al ser competencia de la Comunidad autónoma. Existe una normativa básica establecida por el Estado, que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez está tratando de mejorar, para ampliar los actuales permisos de maternidad y paternidad a nivel general. 

“La Región de Murcia vive un momento dulce con el Gobierno de España, consiguiendo cuestiones que nunca se habían producido, y la apuesta por la justicia social del Gobierno de España también seguirá esa línea”.

El portavoz socialista exigió al Partido Popular, “que tanto le cuesta avanzar en esta materia”, que amplíe la cobertura y aporte la parte adicional de los actuales permisos para que en tres años se equiparen en 20 semanas de paternidad y por parto. “Es fundamental dar este paso y lograr esta medida de igualdad real y efectiva  y de conciliación”.  La aplicación de esta propuesta se ha cuantificado en aproximadamente en 1.300.000 euros, “una medida tan importante como barata”, defendió López Pagán.