Donaciones
psoe.es


 

hover effect hover effect hover effect hover effect

MEMORIA DEMOCRÁTICA


In memoriam de las mil mujeres víctimas de la violencia política franquista en la Región de Murcia
Antonio Martínez Ovejero
Doctor en Historia por la Universidad de Murcia

En estos días dedicados a la reflexión, el debate y la reivindicación feminista, toca a los historiadores y a todas aquellas personas e instituciones comprometidas con la Memoria Democrática aportar nuestro grano de arena en orden a hacer un poco más visible el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y la vida de las murcianas víctimas del franquismo.

Más, cuando la extrema derecha vuelve por do solía, ayudada por sus actuales aliados políticos y cómplices, sólo teóricamente menos extremos. Atacan los derechos de las mujeres tan duramente conseguidos democrática e institucionalmente, tras la muerte de Franco; intentan vaciar el contenido y la orientación feministas de la lucha contra la violencia machista y allá donde pueden, eliminan algunos de sus elementos instrumentales; y sin el más mínimo rigor histórico, pudor político o sensibilidad y respeto a la cultura española, se permiten falsear la Memoria Democrática, insultando y vilipendiando a mujeres asesinadas por el franquismo, como las Trece Rosas; o quitando los versos del memorial de Miguel Hernández en el cementerio de la Almudena de Madrid. Han hecho de su lucha contra feminismo uno de los elementos esenciales de su política. Nada nuevo bajo el sol, como demuestra la Ilustración 1.

Después de la guerra civil, cerca de mil mujeres fueron víctimas de la violencia política franquista, en tierras murcianas. Al igual que en el resto de España, esta singular represión y violencia estuvo fundamentada, sustentada e implementada por su doble condición de ser republicanas y de ser mujeres. El número de mujeres republicanas castigadas en la región (997; 3,8%) fue notoriamente inferior al de hombres, (26.107; 96,2%). Las fuentes primarias documentales, administrativas y judiciales sobre las mujeres republicanas son muchísimos más escasas, menos visibles y distintas a las de sus compañeros republicanos. No todo el castigo que el aparato político, jurídico y social franquista realizó contra las mujeres consta en los papeles. Este trabajo sólo recoge aquellos aspectos que tienen una base documental y pueden ser demostrados.


Ilustración 1: Título del artículo publicado por el periódico falangista ARRIBA, el 9 de junio de 1939, que hace 80 años, ya atacaba los efectos perniciosos del feminismo contra de los valores y las políticas defendidas por el régimen franquista y la iglesia católica, sobre el papel social de las mujeres.
Fuente: http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento522_0.pdf, pág. 14


Sólo los testimonios orales de las protagonistas y su entorno familiar o social más cercano, publicados en los últimos 20 años, han hecho posible una primera aproximación, todavía incompleta, a la reconstrucción histórica de la vida y el papel jugado por estas mujeres, relegadas a un segundo plano en el acontecer político y social de la Memoria Democrática y de la Historia.

Detenidas por las tropas del autodenominado ejército de ocupación, las milicias falangistas, o las fuerzas de orden público. Rapadas, humilladas y paseadas públicamente en ropa interior, tras suministrarles aceite de ricino. Torturadas, cuando no violadas por el aparato político y social represor. Acusadas de «auxilio, adhesión o incitación a la rebelión», paradójicamente por combatir a los auténticos golpistas y rebeldes.

Encarceladas, procesadas, juzgadas y condenadas por los tribunales militares y expedientadas por Responsabilidades Políticas. Estos tribunales representaban una pantomima judicial, sin garantía procesal alguna, construida en base a supuestos delitos, en la inmensa mayoría de los casos, sin más pruebas que las provenientes del llamado «rumor público», como muestra la Ilustración, 2; así como de testimonios o denuncias falsas e interesadas, en algunos casos, no exentas de intereses espurios que nada o muy poco tenían que ver con el contencioso político que le servía de cobertura. Asimismo en la inmensa mayoría de los casos, se les imputaba el «insulto al ejército nacional y a sus generales»; con objeto de tener un motivo para procesarlas y condenarlas por el Código de Justicia Militar.



Ilustración 2: Declaración de una testigo contra Concepción Ferri Ortuño, yeclana, socialista, acusada de participar en el asesinato de Concepción García Soriano. Fue condenada a la pena de muerte que después fue conmutada por la de 30 años. El “rumor público” constituía el fundamento de este testimonio. De hecho la inocencia de esta socialista era tan notoria que apenas cumplió dos años de cárcel. Fue detenida el 05/04/1939 y obtuvo la libertad condicional el 12/10/1941. Otras no tuvieron tanta suerte.
Fuente: Sumarísimo nº 199. Juzg. Militar, Yecla. Archivo Naval, Cartagena y archivo personal, Pascual Azorín Disla.


Ahí no acababa el castigo, el hacinamiento en prisiones con pésimas condiciones higiénicas, alimenticias y sanitarias, los malos tratos, etc. debilitaron la salud física y mental y segaron las vidas de muchas reclusas y reclusos. Las cárceles produjeron tantas víctimas mortales como los fusilamientos. Según la Inspección de Falange, la Prisión Provincial de Murcia, en octubre de 1939, «prevista para albergar a unas 15 ó 20 mujeres, contenía casi 200», como mínimo diez veces más.

Sólo en las prisiones murcianas, descartando las posibles defunciones ocurridas en otras cárceles fuera de la provincia, a las que fueron enviadas muchas de las condenadas, se han detectado 14 mujeres fallecidas en prisión, dos de ellas, pendientes de completar su confirmación documental. Así como 13 mujeres condenadas a la pena de muerte y fusiladas, en total 25 víctimas mortales.

Sin contar los efectos colaterales que esta situación producía en el deterioro de la salud y desgraciadamente, a veces, en el fallecimiento, de los niños menores de tres años, que convivían en las cárceles con sus madres presas, quienes eran perfectamente conscientes de la permanente amenaza de que sus hijos fueran «raptados» por algunas de las funcionarias o religiosas que se ocupaban de las reclusas. La tesis que sustentaba estas criminales actuaciones, frutos del radicalismo religioso, consistía en que los niños estaban mejor con personas de orden naturalmente afectas al régimen, que aseguraban una educación cristiana y una vida holgada, que la que podían darle sus madres que eran pobres, rojas y ateas. Numerosos testimonios orales de las republicanas en prisión han denunciado esta situación. Por razones obvias en el comercio ilegal de niños y niñas no hay papeles.

La vida de las mujeres republicanas constituía una referencia pública y notoria de la asunción de un protagonismo vital, social, profesional y político, distinto y distante del previsto para las mujeres por el régimen franquista y el nacional-catolicismo. La Constitución republicana de 1931 inició y propició el principio de igualdad y de ciudadanía política, sin ningún tipo de restricción de género, incluyendo el sufragio universal femenino, así como la separación entre la iglesia católica y el Estado. Posteriormente fue desarrollada por leyes y disposiciones relativas al divorcio, el matrimonio civil, y el aborto, éste ya en 1937, en territorio republicano, durante la guerra civil. Así como otras normas de carácter laboral y profesional.

La igualdad y la ciudadanía republicanas eran incompatibles con la subordinación permanente al varón, a la iglesia católica y a la práctica reclusión social, profesional y vital en el sacrosanto y exclusivo ámbito del hogar, que propugnaba el nuevo régimen para las mujeres. Su supuesta «mala o pésima conducta» no sólo se detenía en el ámbito de la política, sino que entraba de lleno en el análisis de sus «relaciones personales». Las denuncias e informes de los alcaldes, la falange y las fuerzas de seguridad franquistas, calificaban con carácter casi universal el comportamiento social, sexual y religioso de estas mujeres. Así intentaban deteriorar la imagen y consideración social de aquellas que se atrevían a representar un modelo alternativo, en el ámbito de las relaciones personales: «amancebada con …; concubina de …; querida de …; mujer sexualista …; marxista, coqueta e inmoral …; mala conducta social…», etc. Y en el orden religioso: « indiferente; no asiste a misa; no cumple con sus deberes religiosos; enemiga de la iglesia; acérrima antirreligiosa o anticlerical; atea; masona … »; cuando no las acusaban, sin pruebas, de su participación, más o menos activa, en: «el saqueo, incendio o destrucción de templos, conventos o locales con usos religiosos; profanación de imágenes»; etc.

Dos significativas valoraciones políticas, teñidas de datos de su vida personal, en las no faltan insinuaciones que pueden servirnos de muestra:

- Josefa López Giménez, Alcantarilla, 50 años, condena: 12 años y un día (Sumario, nº 7476):
«Miliciana armada. Malos antecedentes políticos. Provocativa, va vestida de miliciana, con el revólver a la cintura. Portaba la bandera roja en cuantas manifestaciones se organizaban en el pueblo. No faltaba una sola noche a la célula, tratando asiduamente con el Secretario del partido. Separada de su esposo, vivía amancebada con un señor de la localidad. Efectuó registros».

- Guillermina Fernández Herrero (a) la Misa, 27 años, Abarán, condena: 6 años (Sumario, nº 10455)
«Miliciana. Intervino en registros, saqueos e incautaciones. Roja, coqueta, inmoral y peligrosísima para la Causa Nacional. Pertenece a las JSU desde 1932, persona de confianza de los rojos. Contrajo matrimonio con un policía rojo. Portaba pancartas y banderas en todas las manifestaciones excitando el espíritu revolucionario de las hordas marxistas. Requisó máquinas de coser y prendas de abrigo para los soldados del ejército rojo»

En consecuencia, no sólo había que derogar las leyes republicanas, sino castigar ejemplarmente a aquellas mujeres que habían ejercido, en una u otra forma, el liderazgo sindical o político, o se habían distinguido profesional o socialmente en la defensa de los valores republicanos.

La participación política e institucional republicana de las mujeres fue muy escasa. Su papel y representación política directa en los ayuntamientos, constituye una buena muestra. Hasta dónde la investigación ha permitido conocer hasta el momento, en nuestra región, no hubo ninguna alcaldesa republicana y sólo obtuvieron el acta de concejala o consejera municipal, cinco mujeres, casi todas ellas, fueron nombradas o cooptadas, entre febrero de 1936 y marzo de 1939.

Estas concejalas asumieron el compromiso de servir a sus respectivos pueblos, en el difícil, complejo y arriesgado ejercicio del poder municipal, en el transcurso de una guerra civil en: Archena (Dolores Campos Guillamón y Adoración Torrano Gallego); Caravaca (Nieves Calvo Villa, condenada a muerte y ejecutada, como veremos más adelante); Mula (Carmen Fernández Mateo) y Lorca (Clementina Molina Aliaga). Así como alguna alcaldesa pedánea como Damiana Sánchez Muñoz, en la pedanía caravaqueña de La Peñica.



Ilustración 3: Llamamiento de la AMA lorquina a sus convecinas, tras la constitución de la Asociación. Tres de las firmantes eran maestras que, entre otras mujeres, fueron procesadas en el Sumarísimo 2453 y condenadas el 14/12/1942 a seis años y un día; y tres años y un día de prisión.
Fuente: Sumarísimo nº 2453. Juzgado Militar de Lorca. Archivo Naval de Cartagena.


Sin embargo, tras el golpe de Estado, las activistas republicanas, en Murcia y en todos los territorios fieles a la República, se movilizaron y jugaron un papel hegemónico y trascendental en el esfuerzo político, social y profesional, así como en la participación en el orden económico agrario e industrial, comprometiéndose en la puesta en marcha y funcionamiento de servicios indispensables durante la guerra civil en la retaguardia republicana. La ilustración 3 nos muestra las motivaciones, los objetivos y el ámbito de actuación del llamamiento de la AMAlorquina a sus convecinas. En general podríamos señalar como actividades de las mujeres en la retaguardia republicana:

- la sustitución de la mano de obra masculina en las fábricas y en el campo;
- la asistencia social y sanitaria (atención a los refugiados, hogares infantiles, comedores populares, hospitales de sangre, intervención en la distribución de los abastos, etc.);
- la participación en las brigada de salvamento y desescombro en Cartagena; o la carga y descarga de los barcos, en su puerto, a veces bajo las bombas;
- la confección de ropa para los soldados del frente, especialmente en las campañas de invierno;
- la educación y alfabetización de hombres y mujeres; así como la organización y gestión de la estructura educativa escolar, dado que una buena parte de los maestros eran movilizados o marchaban voluntarios al ejército republicano; etc.

Los municipios republicanos recurrieron y delegaron en las asociaciones de mujeres antifascistas (AMA) y en menor medida, por su inferior implantación, en las libertarias (Mujeres Libres); el Socorro Rojo Internacional (SRI); la Cruz Roja, etc. la gestión y dirección de estos importantes servicios y tareas. Es importante señalar que el Socorro Rojo, durante el primer franquismo se mantuvo especialmente activo como elemento de ayuda y auxilio a los presos políticos y resistencia activa al régimen.

Todas estas mujeres pagaron muy cara su colaboración y participación en estos servicios, con su vida, la cárcel, el exilio y otras formas de exclusión social, laboral o profesional. He aquí un cuadro resumen del alcance documentado de la represión ejercida en nuestra región.



Tabla 1: Cuadro resumen de los parámetros del castigo ejercido contra las mujeres republicanas, en la provincia de Murcia por los Tribunales Militares y de Responsabilidades Políticas, incluyendo las víctimas mortales producidas por las penas de muerte, los fusilamientos y los fallecimientos en prisión entre 1939 y 48.
Fuente: Base de datos del autor (BDRF-MU/1939-48), última actualización: 24/02/2020.


Un elemento a destacar es el carácter familiar de la represión para hombres y mujeres, que recaía mayoritariamente sobre el sector femenino. Eran detenidas por ser madres, hijas, hermanas, novias o esposas de republicanos desafectos al régimen, para utilizarlas como rehenes con objeto de averiguar el paradero o provocar la entrega del familiar masculino republicano y desafecto, huido o escondido; o hacer evidente y público el castigo a la familia.

Así ocurrió por ejemplo, con más de una docena de mujeres de republicanos de Alguazas. Fueron encerradas, en la planta alta del Ayuntamiento, un lugar infecto, en los primeros días de ocupación militar del puelo, hasta que sus maridos se entregaran. Entre ellas estaba María Fernández Gallego, mujer de Vicente Cantero Martínez (a) el Presidente, alcalde republicano y socialista de Alguazas, quién tras entregarse para liberar a su mujer de las milicias falangistas; y conseguir sobrevivir a las palizas y torturas recibidas durante su detención, consiguió huir de la cárcel de Mula con otros nueve presos y llegar a Francia, andando por los campos, sorteando los lugares poblado, durante casi tres meses. Ocho compañeros quedaron en el camino.

De hecho, aun estando pendiente de obtener valores globales a nivel regional, se puede afirmar por las muestras obtenidas en diversas localidades, que entre el 10% y el 12% de los desafectos castigados tenían algún otro pariente de primer grado, en la misma situación, como se señala en la Ilustración nº 4, para el caso de Jumilla. Incluyendo, a veces a familias completas, como por ejemplo los hermanos Abellán Gaspar (Carmen, Isabel, José Antº y Pilar), junto a su madre Escolástica Gaspar Muñoz (a) la Pasionaria, todos ellos de Molina de Segura; o los hermanos Abad Guillen (Dolores, Esteban; José y Tomás) de la Algaida, Archena.




Ilustración 4: Carácter familiar de la represión política, algunos ejemplos de Jumilla. Dolores Alvarado Carretero (a) la Chota, de la pedanía de Fuente del Pino, fue condenada a pena de muerte y fusilada. Su hermano Antonio, condenado a 12 años y un día.
Fuente: Conferencia impartida por el autor, en la Casa de Cultura de Jumilla, el 08/10/2011, organizada por la Agrupación local del PSRM-PSOE.


Víctimas mortales

Para terminar este breve estudio nos vamos a ocupar sólo de las víctimas mortales, las trece mujeres condenadas a la pena de muerte y ejecutadas, así como de las doce fallecidas en las cárceles murcianas. En total, 25 víctimas mortales, como señala la Tabla 1.

En primer lugar, llama poderosamente la atención el número de republicanas fusiladas en el Altiplano, ocho: cinco en Yecla y de facto tres en Jumilla, casi el 60%, de todas las víctimas femeninas. Y si añadimos las dos de Cieza y la única de Caravaca, once, casi el 80%. Entre 1936 y 1939, en los municipios anteriormente mencionados, las víctimas mortales de los grupos de la violencia extrema republicana, y en mucha menor medida de los Tribunales Populares, sumaron a 82 víctimas mortales. Los ejecutados por sentencia de los tribunales militares franquistas con el placet de Franco ascendieron a 171, más del doble. La venganza bíblica, el ojo por ojo, al menos en términos cuantitativos, debería haber estado más que satisfecha, pero el «animus puniendi», el deseo de venganza franquista, al parecer no tenía límites.



Tabla 2: Listado de mujeres republicanas condenadas a pena de muerte y fusiladas en la región de Murcia.
Fuente: Base de datos del autor (BDRF-MU/1939-48), última actualización: 24/02/2020.


Antes de entrar en el análisis concreto de las posibles causas de esta diversidad territorial en el fusilamiento de las republicanas, vamos a realizar unas breves consideraciones que pueden ayudarnos a entenderlo.

La aplicación de las numerosas disposiciones represivas promulgadas por Franco, estaba destinada a «administrar la venganza» más que a averiguar la identidad de los culpables, sobre todo en lo que hacía referencia a los asesinatos. En este sentido, la influencia política de los jerarcas locales del régimen fue decisiva. Constituían el núcleo fundamental de este grupo de presión: el alcalde del pueblo, los jerifaltes locales de falange, las familias de los caídos por Dios y por España, así como los damnificados económicamente por las actuaciones de las republicanas y republicanos, ayudados por la Guardia Civil, la policía municipal y la iglesia.

Salvo en Murcia y en Cartagena, por razones de tamaño, este lobby político-vengativo local trataba de conseguir de los tribunales militares, el castigo que ellos creían más adecuado para los «rojos y las rojas del pueblo», especialmente la determinación de aquellas personas a las que había que fusilar. Una vez fallada la sentencia de muerte por los tribunales militares, no renunciaban a seguir influenciando políticamente a las autoridades civiles y militares provinciales y nacionales, como el gobernador civil; el Capitán General de la región militar de Valencia o de la zona marítima del Mediterráneo, sita en Cartagena; e incluso el palacio del Pardo, con objeto de evitar la conmutación de dichas penas de muerte, si así les interesaba. No siempre lo consiguieron, ni siempre estuvieron de acuerdo.

Parece claro que la diversidad de los intereses políticos y económicos, en presencia, junto al «animus puniendi», que no siempre fue unánime dentro de los jerarcas locales, fueron el origen del diferente tratamiento dado al castigo impuesto en cada uno de los pueblos. Nos ocupamos a continuación de Yecla y Caravaca, ya que la consideración y el estudio de los cuatro municipios indicados excede con mucho el objeto de este trabajo.


¿Por qué Yecla es la única ciudad de la Región en la que se fusila a cinco republicanas?

Las víctimas mortales, en Yecla, en el período 1936-39, cuya autoría está atribuida a «las milicias rojas yeclanas», son 36, entre ellas tres mujeres
(Carmen González, Guerra Civil en Murcia, 1999). La Causa General de Murcia señala a otras dos yeclanas. Una asesinada en Elda y la otra en Madrid, «cuyos autores se ignoran, así como la fecha en que dichos asesinatos fueron cometidos». Es evidente que tales asesinatos no fueron cometidos por las milicias rojas yeclanas. Si los jerarcas yeclanos del régimen hubieran tenido la más mínima sospecha al respecto, no hubieran dudado un segundo, en imputárselos, en una u otra forma.

Sin embargo, sí los tuvieron en cuenta para fijar el número, cinco, de republicanas yeclanas a las que se debía de fusilar. Aunque ni en sus sumarios, ni en ningún otro que se conozca, tramitado por los juzgados militares de Yecla, Cieza o Murcia, se hace la más mínima mención a estos los asesinatos de Elda y de Madrid. En su caso, debían haberse tramitado por los juzgados militares de Alicante y Madrid, salvo que se solicitara expresamente por parte de la jurisdicción militar de Murcia, cosa que no consta que se hiciera. De hecho, cuando los datos de la Causa General se remiten, el 23 de diciembre de 1940, al Fiscal, los fusilamientos de estas republicanas ya se habían ejecutado. La «venganza debida» estaba cumplida.

Asimismo es importante señalar que no está ni muchos menos probado que las ocho acusadas y condenadas cometieran estos asesinatos. Todas ellas, en principio, fueron condenadas a la pena de muerte, cinco fusiladas y otras tres no. Los sumarios basaban sus responsabilidades en el «rumor público», como hemos visto en la Ilustración 2, con Concepción Ferri. Otra de ellas, Eugenia Sánchez Rubio (a) Lara, presentó en su defensa un pliego con la firma de diez personas que declaran que el día del asesinato de Carmen Giménez Puche, Eugenia no se encontraba en el lugar que señalaba el tribunal: «porque ese día estaba sirviendo en una boda a la familia del novio». En una boda, hay numerosos testigos que podrían ratificar esta declaración que deberían haber sido llamados por el tribunal para su ratificación. Esta prueba no estaba en el programa y fue ignorada y desechada por el tribunal militar, sin comprobación alguna.



Ilustración 5: Declaración firmada por diez testigos en la que se afirma que Eugenia Sánchez Rubio (a) Lara se encontraba trabajando en otro lugar, el día del asesinato de Carmen Giménez Puche, presentada al tribunal e ignorada por éste.
Fuente: Sumarísimo nº 1855, pág. 24. Archivo Naval de Cartagena


Asimismo la Causa General, correspondiente al municipio de Yecla, páginas 4 y 5, Estado 1, no menciona a ninguna de las supuestas autoras del asesinato de Urbana Sánchez Guardada; así como deja en blanco la columna del impreso correspondiente a las supuestas autoras del asesinato de Carmen Giménez Puche. Estos documentos están firmados por el alcalde de Yecla. F. Ortuño y el Secretario del Ayuntamiento, Manuel Carrillo.

Es indiscutible que al menos tres mujeres de derechas fueron asesinadas en Yecla, pero a la vista de los elementos analizados es más que discutible que las autoras fueran Dolores Hernández Ruiz, Ángeles Rubio Bañón, Eugenia Sánchez Rubio, y Antonia y Ramona Valera. En definitiva, todo apunta a un burdo montaje, urdido por los jerarcas locales de Yecla, en complicidad con los tribunales militares, en el que cinco mujeres republicanas fueron asesinadas, en el conjunto de los 61 condenados a la pena de muerte y ejecutados.

Nieves Calvo Villa, la primera mujer que fue concejala en el Ayuntamiento de Caravaca. La única mujer condenada a la pena de muerte y ejecutada en Caravaca.

Nieves Calvo, 27 años, sus labores, tres hijos, casada con Antonio Pérez Carranza, el Gordo de la Estación, ferroviario y Secretario General del PCE en Caravaca. Nieves militaba en las Juventudes Socialista Unificadas, fue nombrada concejal en agosto de 1936. Se le acusaba de intervenir en los asesinatos del Castillo, a través del testimonio de Gabriel Alcayna, que manifestó que: «oyó voces de mujer y le dijeron que eran de Nieves Calvo y Bartolomé Navarro», y que conocía los hechos por «rumor público y comentario popular».

Fue detenida en Castro Urdiales, el 30/05/1939, trasladada a la prisión de Caravaca y condenada a la pena de muerte, por el Tribunal Militar de Caravaca (Sumarísimo nº 5840), el 02/02/1940. La sentencia fue confirmada por el general Franco. Su marido había sido condenado y ejecutado el 20/10/1939, hacía 4 meses. Como estaba embarazada la ejecución se pospuso casi un año. Su hija Paquita nació en la cárcel. A pesar de ello, fue fusilada el 10/10/1940. Tres niños y una niña quedaron huérfanos de padre y madre, el mayor de 7 años.

En este caso, no había mujeres asesinadas, ni se le acusaba de ningún otro asesinato, simplemente de estar presente en el asalto al Castillo de Caravaca utilizado como prisión por el Frente Popular. Y la única prueba que se presenta es una declaración proveniente del rumor público. Este asalto fue llevado a cabo por grupos extremistas de la CNT y en menos medida por el PCE, la noche del 1 al 2 de octubre de 1936; parece que su marido Antonio Pérez Carranza sí estuvo presente. Allí fueron asesinados 13 caravaqueños de derechas. En respuesta, a partir de mayo de 1939, fueron condenados a pena de muerte 77 republicanos y fusilados 47, casi 4 veces más.

La venganza también estaba bien servida, pero parece que los jerarcas caravaqueños del régimen y los tribunales militares querían más. Tenían que fusilar a una roja, madre de tres niños y una niña, el mayor de siete años, conscientes que dejaban tres huérfanos y una huérfana. Podían haberle conmutado la pena, rebajándola a 30 años. No le perdonaron ser mujer, ser dirigente de la JSU, ser concejala, ser referencia y modelo alternativo de vida para las mujeres del pueblo, ni ser esposa del líder comunista de Caravaca. Este también es un claro ejemplo del carácter familiar de la represión franquista.

SIRVAN ESTAS PÁGINAS PARA HONRAR EL RECUERDO DE TODAS ESTAS MUJERES.

No quiero terminar este trabajo sin agradecer su valiosa colaboración a mi sobrina Marta; a Esperanza López Castell, Archivo Naval de Cartagena; a Piluca Sánchez Soriano, de la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena; y a mi compañero Francisco García Zapata (Caravaca, Memoria Histórica, 2019).


Pincha aquí si quieres descargarte este documento.