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EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS



MOCIÓN MUNICIPAL EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS

 

El artículo 27 de la Constitución Española señala, entre otras cosas, que todos y todas tenemos derecho a la educación y que esta debe tener como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Además, establece que los poderes públicos deben garantizar este derecho mediante una programación general de la enseñanza, con la participación efectiva de todos los sectores afectados, que incluye la creación de centros docentes.

La UNESCO, en su iniciativa Educación Para Todos (EPT), adquirió un compromiso mundial para ofrecer educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. Uno de sus objetivos consiste en extender y mejorar la protección y la educación integral de la primera infancia, especialmente en el caso de los niños más vulnerables y desfavorecidos.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 12, establece los principios generales de la Educación Infantil. La Educación Infantil constituye una etapa educativa con identidad propia, que atiende niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad, tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas. La etapa de Educación Infantil, según se dispone en el artículo 14.1, se ordena en dos ciclos: el primero, que comprende hasta los tres años y el segundo, desde los tres hasta los seis años. Así mismo, en el apartado 1 del artículo 15 de la mencionada Ley, se determina que las administraciones públicas promoverán el incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de la Educación Infantil. El apartado 3 de este mismo artículo establece que los centros pueden ofrecer el primer ciclo de Educación Infantil, el segundo o los dos. Por otro lado, en el artículo 15.4 de la Ley se dispone que, de acuerdo con lo que establezcan las administraciones educativas, el primer ciclo de la Educación Infantil podrá ofrecerse en centros que comprendan el ciclo completo o parte de este.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece, en su artículo 16, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el referido artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149, así como de las facultades de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía.

En el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la atención a los menores de tres años se ha llevado a cabo, en los últimos años, en centros de muy variada tipología y condiciones: Escuelas Infantiles de la Comunidad Autónoma, Escuelas Infantiles municipales, Escuelas Infantiles acordadas por los ayuntamientos gracias al Plan Educa3, centros privados, centros de atención a la infancia, centros de conciliación de la vida laboral y familiar, escuelas infantiles en centros de trabajo, etc.

Actualmente, la tasa de escolarización en la Región de Murcia del alumnado menor de 3 años está en el entorno del 19%, siendo una de las más bajas del Estado, por lo que se hace necesaria una apuesta real para poner en marcha medidas que fomenten una mayor implantación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La sociedad actual muestra una gran diversidad de situaciones familiares, económicas, culturales, de integración y convivencia, y la escuela debe actuar como agente compensador de las desigualdades en todos estos ámbitos. En los primeros años de la infancia se efectúan los aprendizajes básicos y se desarrollan las estructuras iniciales del conocimiento. Si en algún momento del desarrollo humano se puede incidir de manera decisiva y compensatoria es precisamente en estas fases iniciales, en las que se debe contemplar un nuevo concepto de cultura escolar adaptada al conjunto de cambios sociales. La incorporación al sistema educativo público durante los primeros tres años de vida, en condiciones de igualdad y gratuidad, que ya son una realidad en el segundo ciclo de la Educación Infantil, contribuye, por un lado, a la rápida identificación de niños y niñas en situación de riesgo por dificultades en el ámbito familiar y, por otro lado, a su desarrollo integral que persigue la educación como fin último.

Además de lo anterior, su carácter educativo no puede hacer olvidar que la escolarización del alumnado en los centros que imparten esta etapa educativa constituye uno de los mecanismos más eficaces para asegurar la corresponsabilidad en el cuidado de las hijas e hijos, así como la real conciliación entre la vida laboral y familiar. Esto se hace más necesario, si cabe, en la situación actual, en la que hemos comprobado el endeble sistema de conciliación familiar que tenemos en la Región de Murcia.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos necesario incrementar la oferta regional de plazas escolares públicas en la primera etapa de Educación Infantil, de ahí la Proposición de Ley presentada en la Asamblea Regional por el Grupo Parlamentario Socialista para la progresiva universalización y gratuidad del primer ciclo de la misma, que fue rechazada con los votos en contra de los grupos parlamentarios de Partido Popular y Ciudadanos y uno de los diputados del grupo parlamentario VOX.

 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista, presenta para su debate y aprobación en el PLENO del Ayuntamiento de………..  la siguiente:

 

 

 

MOCIÓN:

Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a elaborar y poner en marcha un plan de regulación, progresiva universalización y gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil en la Región de Murcia, que contemple la ampliación de nuevas plazas en esta etapa, con el objetivo de alcanzar la media nacional de escolarización (en torno al 40%). Dicho plan debe contemplar la creación de nuevas plazas públicas y la firma de convenios con las corporaciones locales, el Gobierno de España y entidades privadas, entre las que deberán tener prioridad las cooperativas u otras fórmulas de economía social. Además, debe asegurar la progresiva gratuidad de las plazas, en función de las necesidades económicas familiares, haciendo un mayor esfuerzo para las familias con menores ingresos de renta familiar.