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Y después de no haber llegado a un Pacto de Estado en Educación, ¿qué?
JESÚS LÓPEZ GARCÍA. Diputado regional del PSOE
Ni ahora, ni antes, existía duda
sobre el interés de establecer unos
principios básicos sobre los que
asentar un marco normativo estable
para nuestro sistema educativo.
Desde la implantación de
la LODE, en los años ochenta,
se han producido en nuestro país
cerca de una decena de reformas
y minirreformas en el sistema
educativo a las que hay que
añadir la diversidad de programas
e interpretaciones de los gobiernos
autonómicos desde que
asumieron las competencias.
Es cierto que el reto de elevar
la edad de escolarización obligatoria
hasta los 16 años exigió profundos
cambios normativos, así
como una reflexión sobre la manera
de acomodar en el sistema
a decenas de miles de alumnos
que antes abandonaban la escuela
a los 14 años.
La implantación de la LOGSE
vino acompañada de un largo
debate, de abundantes actividades
formativas en los centros
educativos, de nuevas prácticas
de elaboración de documentación
por parte del profesorado
y los equipos directivos, de actividades
en los centros de profesores
y también en las familias.
El reto de la enseñanza universal,
inclusiva y que atendiese a
la diversidad hasta edad avanzada
exigía cambios en la metodología
de los profesores, en los materiales
y en los propios contenidos
de la educación.
Sin embargo, los resultados
de los cambios tuvieron algunos
efectos no deseados. Así, las cifras
de fracaso escolar han lastrado
el sistema en estas dos últimas
décadas. Más aún, los objetivos
de la Estrategia de Lisboa,
que pretendían que el 85%
de la población joven tuviese estudios
más avanzados (equivalentes
a Bachillerato o FP de Grado
Medio), nos han puesto ante
nuestros ojos una realidad peor
de la podíamos esperar, en especial
en algunas comunidades autónomas
como la de Murcia.
Ante esto, las leyes no son la
única herramienta, pero sí la base
fundamental para el establecimiento
de desarrollos normativos
más eficaces a la hora de
dar ciertas garantías a los centros
educativos, máxime cuando los
últimos estudios nos vienen indicando
que los centros bien gestionados
influyen de manera notable
en los resultados de la educación.
La última Ley de Educación
(LOE, año 2006) intenta recoger
los resultados del debate educativo
de las últimas dos décadas,
así como la transposición de las
indicaciones de la Unión Europea
y de la OCDE. Si hacemos
abstracción del debate ideológico
y doctrinario, la LOE, con
algunas reformas pactadas, es un
punto de partida válido para la
establilidad del sistema. Ésta era
la clave de la búsqueda de un
pacto. Sin embargo, éste se ha
frustrado por el envenenamiento
del debate político en estos últimos
años. Ha sido una oportunidad
perdida en cuanto que el
ministro Gabilondo tenía capacidad
y voluntad política para negociar
hasta satisfacer peticiones
conservadoras que antes hubiesen
sido difíciles de sostener. Es
el caso de determinadas medidas
de flexibilización del sistema en
las edades clave (de tercero de la
ESO en adelante). Sin embargo,
si el debate sobre la LOE en
sus primeros años se diluyó en
una absurda polémica sobre la
asignatura Educación para la Ciudadanía,
ahora ha pasado algo
parecido con el asunto del castellano
o la «libertad de elección
de centro», que son cuestiones
bastante ajenas al objetivo central
del sistema, que no es otro
que el éxito educativo.
Sin embargo, a pesar del aparente
fracaso, es posible extraer
algunas conclusiones que nos
pueden ser útiles. Desde el Ministerio
de Educación se van a
desarrollar un conjunto de actuaciones,
conocidas como el Plan
de Acción 2010-11, que recogen
los grandes ámbitos de acuerdo
y de urgencia: la mejora de la enseñanza
de idiomas, la flexibilización
de los últimos cursos de
ESO, la ampliación de las oportunidades
de regreso al sistema,
en especial a la FP, los programas
para el éxito escolar, la detección
temprana del atraso, la
mejora de mecanismos globales
de evaluación, entre otros. Esperemos
que este plan ayude a
sedimentar mejoras en nuestro
querido sistema público de educación.