Hacemos nuestras las reivindicaciones de la PAH

Rafael González Tovar y José Antonio Pujante han cerrado un acuerdo político y ciudadano, plasmado en la presentación de una Ley de Vivienda que proteja a los ciudadanos que peor lo están pasando


28/01/2015
El candidato a la Presidencia de la CARM, Rafael González Tovar, y el coordinador de Izquierda Unida-Verdes, José Antonio Pujante han decidido unir fuerzas en materia de vivienda y han presentado una Ley conjunta que hace suyas todas las demandas de la Plataforma de afectados por la hipoteca en la Región de Murcia.

Fruto de ese acuerdo, el Grupo Parlamentario Socialista ha retirado la Proposición de Ley de Vivienda que tenía presentada y se encontraba en tramitación, y ha presentado una nueva conjuntamente con IU-Verdes. En esta nueva proposición se recogen íntegramente todas las pretensiones de la iniciativa legislativa popular que presentaron los representantes de las plataformas de afectados por la hipoteca en la Región de Murcia, principales impulsores y defensores junto a los afectados por los desahucios del derecho a una vivienda digna.

González Tovar y Pujante explicaron que el motivo de esta decisión se fundamenta en que los graves problemas de vivienda que afectan a miles de ciudadanos y su solución “se deben afrontar conjuntamente con aquellos que son sensibles con la dramáticas situaciones que provocan los desahucios que no paran de crecer en nuestra Región y que en el caso de las plataformas de afectados por las hipotecas se plasma en su ejemplar lucha diaria, junto a los ciudadanos que son objetos de procedimientos de desahucios”.

Entre las medidas fundamentales que se incluyen en la nueva norma cabe destacar la garantía de la Administración pública al acceso sin restricción a los suministros básicos vitales para los ciudadanos que afectados por la crisis han perdido su empleo y atraviesan graves dificultades para vivir y para el sustento de sus familias. Asimismo, contiene medidas específicas en relación con las entidades bancarias y la bolsa de viviendas deshabitadas, que deben ser puestas a disposición de los ciudadanos que han perdido su vivienda por la crisis, incluyendo las medidas de expropiación del uso de las viviendas de las entidades financieras en el proceso de ejecución hipotecaria, como se ha hecho en comunidades como Andalucía.

Otras medidas que también se incluyen en esta Ley son las de considerar como abusivas las clausulas suelo de las hipotecas y la exención de devolución de ayudas públicas a los compradores de vivienda protegida que por razón de la crisis se ven obligados a dar en pago su vivienda a las entidades financieras y que hoy son extorsionados por la Administración regional, que obliga a los ciudadanos beneficiarios de dichas ayudas a devolverlas como condición necesaria para poder culminar la dación en pago ante el banco.