La diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano ha denunciado que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) “y su alargada sombra” siguen protagonizando tristes episodios cuando los jueces se pronuncian sobre los disparates cometidos por los gobiernos del Partido Popular.

Ha recordado que la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Murcia ha dictaminado la nulidad de dos resoluciones del director gerente del IMAS de 2013 que supusieron un aumento del copago para 14.317 personas dependientes.

“Y ni siquiera entrando en materia de fondo, puesto que la primera cuestión que les recrimina el juez es la forma. Estos responsables políticos privaron a los ciudadanos de sus derechos sin notificarlo adecuadamente”, ha criticado.

Ha añadido que según esta sentencia, si ahora los 14.317 dependientes a los que se despojó de sus derechos reclamaran y estuvieran en circunstancias similares al litigante, la Comunidad Autónoma debería abonar unos 72 millones de euros.

“Esperamos y reclamamos que se pronuncien en la Consejería de Familia e Igualdad sobre este nuevo revés judicial y adelantamos que no vale la excusa de que otros lo hicieron, porque esos mismos ‘otros’ siguen en el Gobierno regional”, ha señalado.

Según Cano, esta resolución judicial que dictamina que el IMAS incumplió la Ley de Procedimiento Administrativo vuelve a dar la razón a las personas que recurrieron, “para vergüenza del IMAS y sus maneras de proceder”.

Ha remarcado que el PSOE lleva denunciando desde 2012 el desprecio por parte de los gobiernos del PP a la ciudadanía en materia de servicios sociales, especialmente en asuntos de dependencia.

Para la diputada socialista, parte de las modificaciones para enmendar lo que el Gobierno del PP hizo en 2012 ha sido para evitar las reclamaciones judiciales que iban ganando los ciudadanos en los tribunales, “con el consiguiente tirón de orejas al Gobierno por su desidia, indolencia e interpretación de las leyes”.

“La falta de respeto a las leyes españolas y en particular a las leyes que garantizan la igualdad de todos ante la ley ha sido objeto de recriminación por parte de los jueces a estos gobiernos PP”, ha añadido.

“En el Grupo Parlamentario Socialista nos preguntamos si la administración está pensando en cómo solucionar el problema o más bien en cómo escapar de afrontar su responsabilidad”, ha finalizado.