El PSOE reclama al Gobierno Regional que no ponga en duda la constitucionalidad de la Ley de Vivienda y negocie con el gobierno de Rajoy su adaptación

El viceportavoz Joaquín López Pagán lamenta que el PP, que no apoyó la Ley aprobada en la Cámara, esté tratando de obstruir su aplicación mientras los desahucios siguen aumentando en la Región


23/03/2017
El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán ha reclamado al Gobierno Regional en el Pleno de la Asamblea Regional, la defensa de la plena constitucionalidad de la Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Regio´n de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Regio´n de Murcia.
El Grupo Parlamentario Socialista hemos conocido recientemente del Acuerdo del Consejo de Ministros de Rajoy en el sentido de interponer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda aprobada en el parlamento regional a iniciativa de la PAH de la Región de Murcia. “Nos tememos que dicha iniciativa pueda obedecer a una maniobra alejada de la discusión legal y que esté ligada a una obstrucción política por razón de la aprobación de una Ley, claramente atacada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea durante su tramitación; una actuación que está fuera de lugar, pues en dicha tramitación se atendieron los informes técnicos de los letrados de la Cámara y, por tanto, fue adaptada la Ley siendo plenamente constitucional”.
López Pagán solicitó también que se dé cumplida y puntual información a los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional en el seno de la Comisión de Política Territorial, Agua y Medio Ambiente de todo el desarrollo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el proceso abierto respecto de la Ley regional de la Vivienda de la Regio´n de Murcia, y de la Ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Regio´n de Murcia.
El Pleno de la Asamblea Regional aprobó la Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Regio´n de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Regio´n de Murcia, con el voto favorable de los grupos parlamentarios Socialista, Ciudadanos y Podemos y la abstención del Grupo Parlamentario Popular.
El viceportavoz socialista explicó que dicha Ley tuvo desde el inicio un origen claro en la iniciativa de la PAH de la Región de Murcia, con el objetivo de conseguir mejorar la legislación en esta materia y sobre todo atender lo más urgente, la situación de necesidad de miles de personas en nuestra Comunidad, que han perdido su vivienda o están en riesgo de perderla.
“Se trata de tener un instrumento legal para que desde nuestras competencias propias y exclusivas se puedan paliar dichos efectos, entre otras cuestiones, con procedimientos de mediación entre entidades financieras y empresas que prestan suministros básicos a la ciudadanía en los distintos municipios de la Región”.
Enmienda parcial redotación cabecera Tajo
Por otro lado, el diputado Jesús Navarro ha defendido una enmienda parcial a una moción del PP en la que solicitaba al Gobierno de la Nación el estudio de distintas opciones para la redotación de la cabecera del Tajo y negociaciones para elaborar un Pacto Nacional del Agua. Navarro añade que, dentro de las propuestas del Pacto Nacional del Agua, se estudie la alternativa de la conexión de Tajo Medio con el Trasvase Tajo-Segura para resolver el défict hídrico de la Cuenca del Segura.
Enmienda parcial cambio climático
Por otro lado, la diputada Yolanda Fernández ha presentado una enmienda parcial a la moción de Podemos sobre Estrategia de adaptación y mitigación del cambio climatico en la Región. En concreto solicita que en el Plan regional para la mitigación del cambio climático se integre y armonice la legislación, considerando las estrategias existentes, los protocolos y los compromisos adquiridos por España en relación con el cambio climático en general. Además añade un punto más para que se adopte un sistema de gestión de la información libre y de público acceso.
Enmienda parcial modificación impuesto almacenamiento residuos
Por otra parte, el diputado Ángel Rafael Martínez ha defendido una enmienda parcial a la moción del PP sobre estudio y toma en consideración de la modificación del impuesto de almacenamiento o depósito de residuos según la Ley 9/2005. En concreto, el diputado socialista pide que se exima del impuesto la gestión de retirada o descontaminación de materiales residuales con radiactividad de origen natural, “porque no tiene sentido que una administración pague a otra administración”.

Enmienda parcial Plan de apoyo y promoción empresas sociales
Por su parte, el diputado Alfonso Martínez Baños ha presentado una enmienda parcial a una moción de Cs en la que solicita el estudio y toma en consideración de reglamento de certificación de empresas sociales y puesta en marcha de un Plan de Apoyo y Promoción de Empresas Sociales. La enmienda socialista pide que se fijen, de acuerdo con lo establecido en la disposicio´n adicional quinta del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pu´blico, porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa; o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el 30 por ciento de los empleados de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
Por otra parte, solicita que se inste al Gobierno de España a que la futura Ley de Contratos del Sector Público amplíe lo establecido en la disposición adicional quinta del texto refundido de la actual Ley de Contratos del Sector Público a todas las entidades consideradas de economía social que cumplan los requisitos y principios que se establecen en dicha Ley.