El PSOE ve inaceptable que más de 8.000 personas dependientes de la Región no vayan a recibir las ayudas a las que tienen derecho

Teresa Rosique considera rechazables los nuevos requisitos que impone el PP, e injusto que éstos se apliquen con carácter retroactivo a personas que llevan años esperando las ayudas y que no las habían recibido por los retrasos del Gobierno regional


15/03/2014
La diputada regional socialista Teresa Rosique considera “inaceptable” que más de 8.000 personas dependientes de la Región a los que ya se les ha reconocido grado de dependencia protegible no van a recibir las ayudas, según ha reconocido el propio IMAS.

En su opinión, “este portazo a los derechos de miles de personas dependientes en es una de las envenenadas herencias que nos deja Valcárcel en su huída a Bruselas”.

Rosique explicó que desde el IMAS se ha reconocido que hay casi 12.000 dependientes en lista de espera que cuentan ya con grado protegible y, por lo tanto, deberían tener derecho a ayudas o prestaciones. “Estamos hablando del 39% de las personas que tienen ya reconocido grado protegible, lo que nos sitúa como la Comunidad Autónoma con mayor lista de espera”.

“Y lo peor es que, de ellas, más de 8.000 personas no van a recibir esas ayudas debido a los nuevos requisitos que les exigen las leyes aprobadas tanto por el Gobierno de España como por el Gobierno Regional, según ha reconocido el propio IMAS”, subrayó.

“De esta manera, el PP, cierra la puerta a miles de persona que, a pesar de que les han reconocido ya una situación y nivel de dependencia que exige atención, se les niega, a través de leyes cada vez más restrictivas”, insistió.

Injusticia

Para la diputada socialista, estos nuevos requisitos son rechazables por sí solos, pero además conllevan una injusticia añadida, ya que se aplican con carácter retroactivo a miles de personas que llevan esperando años esas ayudas o servicios, y que no han podido acceder a ellas porque el Gobierno regional ha incumplido el plazo de 6 meses que la Ley le daba para resolver esos expedientes. Según el IMAS unas 3.000 personas llevan esperando más de 900 días.

“Desde el Partido Socialista rechazamos esta injusta actuación del Gobierno Regional y le exigimos que restituya los derechos que ha quitado a miles de ciudadanos a pesar de reconocerles oficialmente que su situación de dependencia necesita de atención y ayuda”, finalizó.