El PSOE pide explicaciones al Gobierno regional por el vacío legal en el que queda el servicio de transporte público en autobús.

El viceportavoz, Joaquín López afirmó que “la desidia de este gobierno podría provocar que un servicio público como este quede sin base legal para su continuidad, con lo que supondría para la Comunidad Autónoma y los usuarios.


02/12/2014
El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán, ha anunciado la presentación de una serie de iniciativas en la Asamblea Regional en las que se piden explicaciones al Gobierno regional acerca del vacío legal en el que queda el servicio de transporte público en autobús de la Región de Murcia. López Pagán recordó que se han cumplido los cinco años de prórroga que se otorgó a las concesionarias de dicho servicio público, tras aprobarse en la Asamblea Regional con los votos del Partido Popular.

El diputado socialista afirmó que el Grupo Parlamentario Socialista advirtió en aquel debate, hace más de dos años, que las empresas concesionarias del servicio incumplían la mayoría de los requisitos legales que la Ley de transporte público en autobús de la Región de Murcia establece. “algo que sigue pasando, de manera que no son acreedoras de ninguna prórroga más”. Por ello, pidió al Gobierno regional y al nuevo consejero de Fomento que expliquen en la Asamblea en qué situación se encuentran estas empresas y cuáles son los pasos a seguir, ya que mañana, día 3 de diciembre, “habría vencido la última prórroga y podríamos encontrarnos con un servicio público sin base legal para su continuidad, con lo que supondría para la Comunidad Autónoma y los usuarios del mismo”.

López Pagán finalizó manifestando que “la desidia del Gobierno regional en esta materia es vergonzosa, mostrando durante toda la legislatura un desinterés absoluto para solucionar los problemas del transporte público en autobús en la Región de Murcia y en municipios tan importantes como el de Murcia”.

El viceportavoz socialista agregó que el Partido Popular “está más preocupado en salvar empresas que han superado crisis concursales con el dinero de todos, y en resolver las cuotas internas entre Valcárcel y Cámara, que en afrontar de forma seria la prestación de este servicio público esencial para los ciudadanos”.